En los últimos meses, la Agencia Tributaria ha incrementado notablemente sus inspecciones a los propietarios de inmuebles alquilados, con un enfoque particular en aquellos que poseen oficinas.
Esta intensificación tiene como objetivo principal asegurar que los caseros no se deduzcan gastos indebidos en su declaración del (IRPF) durante los períodos en los que el inmueble ha estado vacío. Además, con estas inspecciones de Hacienda busca garantizar que se tribute por la imputación de rentas durante esos intervalos, según lo estipula la ley.
La imputación de rentas es una normativa que obliga a los propietarios a tributar un porcentaje del valor catastral de la propiedad cuando esta no está generando ingresos por alquiler.
Este porcentaje varía entre el 2% o el 1,1%, dependiendo de si el valor catastral fue revisado a partir de 2012. En pocas palabras, incluso si el inmueble está desocupado, los caseros deben pagar impuestos como si hubieran obtenido ingresos de él.
El fallo del Tribunal Supremo
La actual ola de inspecciones tiene su raíz en una sentencia del Tribunal Supremo emitida el 25 de febrero de 2021. En este fallo, el tribunal determinó que los propietarios no pueden deducir los gastos asociados al inmueble (como el IBI, los seguros o los intereses de la hipoteca) proporcionalmente a los días en los que la propiedad estuvo vacía. Además, establece que deben tributar por la imputación de rentas en esos periodos.
Muchos abogados consideran que este fallo es injusto, argumentando que resulta absurdo que un propietario no pueda deducir ciertos gastos cuando el inmueble no está ocupado, sobre todo si no tiene intención de vivir en él. Esto es particularmente relevante en el caso de oficinas, donde el propietario no puede hacer uso personal del espacio. Sin embargo, al estar respaldado por el Tribunal Supremo, los caseros no tienen otra opción que acatar la normativa.
El impacto en el alquiler de oficinas y turístico
Las oficinas han sido especialmente afectadas por esta normativa, y el aumento de inspecciones de hacienda en este sector no es casualidad. Desde la pandemia, muchas oficinas han quedado vacías debido al auge del teletrabajo. Esto ha dejado a los propietarios en una situación complicada: no solo no pueden deducir gastos durante los períodos en los que las oficinas no generan ingresos, sino que además deben pagar impuestos por la imputación de rentas.
De manera similar, los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler turístico también se ven perjudicados. Si estos inmuebles no están alquilados durante todo el año, los caseros deben tributar por la imputación de rentas en los meses en los que no generan ingresos, lo que agrava la carga fiscal.
El conflicto legal y las expectativas futuras
Los expertos en derecho fiscal coinciden en que esta normativa choca con el principio de capacidad económica, recogido en la Constitución Española. Este principio establece que los ciudadanos deben tributar en función de su capacidad real para generar ingresos, lo cual no ocurre cuando se imputa una renta inexistente. La cuestión, según muchos abogados, podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que los propietarios afectados por estas inspecciones agotarán todos los recursos posibles. En varias ocasiones, el TJUE ha fallado a favor de los contribuyentes en casos similares, lo que genera esperanzas entre los afectados.
En definitiva, el aumento de las inspecciones por parte de Hacienda ha puesto a muchos propietarios en una situación delicada, especialmente aquellos que poseen oficinas y propiedades para alquiler turístico.
La normativa actual, respaldada por el Tribunal Supremo, ha generado controversia y críticas, y podría tener un impacto a largo plazo en la fiscalidad de los inmuebles en alquiler en España. Queda por ver si el TJUE intervendrá y modificará el enfoque actual.
Desde FAR Asesores, ponemos a su disposición un equipo profesional que pretende dar respuesta a sus cuestiones legales, fiscales y económicas. Por último, esta noticia está elaborada a través de un articulo del medio El Economista. Puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.
