En los próximos años, Hacienda incrementará significativamente el control sobre las facturas emitidas y recibidas por autónomos y empresas, así como sobre el estado de pago de las mismas. Esta medida, impulsada por la Ley 18/2022, conocida como Crea y Crece, tiene como objetivo principal reducir los retrasos en los pagos y la morosidad, que afectan gravemente a los trabajadores por cuenta propia y a pequeños negocios.
La reciente aprobación del Real Decreto 439/2024 por el Consejo de Ministros, establece el Consejo Estatal de las pymes y regula la morosidad Privada. Estas entidades supervisarán la publicación anual de un listado de negocios que no cumplen con los plazos de pago a sus proveedores, muchos de los cuales son autónomos y pymes.
La obligación de la factura electrónica
La implementación de la factura electrónica será crucial para el éxito de estas medidas. A partir de uno o dos años después de la aprobación del reglamento, todos los negocios estarán obligados a emitir facturas electrónicas en sus operaciones. Esta obligación facilitará la vigilancia del cumplimiento de los plazos de pago, ya que todas las facturas deberán ser depositadas en una plataforma pública gestionada por Hacienda. Esta plataforma servirá como un repositorio universal de facturas, permitiendo a la Agencia Tributaria monitorizar en tiempo real si las facturas han sido pagadas puntualmente.
Actualización del estado de pago
Los nuevos reglamentos exigirán que los autónomos y empresas actualicen el estado de pago de sus facturas cada cuatro días. Las facturas electrónicas incluirán un apartado donde se detalle si el pago se ha realizado realizado completamente o no, y la fecha correspondiente. Esta información también se comunicará a la plataforma pública de Hacienda. Esta medida no solo permitirá un seguimiento exhaustivo por parte de Hacienda. También ayudará a identificar rápidamente a las empresas que no cumplen con los plazos de pago. Estas empresas podrán sancionarse o incluidas en la lista de morosos.
Impacto en autónomos y pymes
Para los autónomos y pymes, esta nueva regulación significará un cambio importante en sus procesos administrativos. Según el artículo 8 del Reglamento de la Ley 18/2022, los destinatarios de facturas electrónicas deberán informar al emisor sobre la recepción y el estado de pago de las mismas dentro de un plazo de cuatro días naturales, excluyendo fines de semana y festivos. Por ejemplo, si un autónomo recibe una factura el lunes, deberá notificar su recepción al emisor antes del viernes. Si el pago se realiza el viernes, tendrá hasta el jueves siguiente para comunicar la fecha de pago.
Además, la normativa establece que los negocios deberán informar sobre varios estados de la factura. Estos estados son: aceptación o rechazo, el pago parcial o la cesión a un tercero. Sin embargo, se está considerando una simplificación de la normativa para que los destinatarios se informe sobre la emisión y el pago completo de la factura.
Fechas clave para la implementación
La implementación de estas medidas se hará de manera progresiva. Si el reglamento se aprueba en 2024, en 2025 las empresas con más de ocho millones de euros de facturación anual deberán emitir facturas electrónicas. En 2026, esta obligación se extenderá a todos los autónomos y pymes, independientemente de sus ingresos. Para 2027, todos los negocios deberán informar a Hacienda sobre el estado de sus facturas.
Durante este periodo de transición, los negocios tendrán la opción de utilizar programas de facturación privados o la solución pública de Hacienda, que será gratuita y cumplirá con la legislación vigente. Además, aquellos que utilicen plataformas privadas deberán hacer público su punto de entrada de facturas electrónicas.
Conclusión
La implementación de la factura electrónica y el control sobre los plazos de pago representan un avance significativo en la lucha contra la morosidad que afecta a los autónomos y pymes. Aunque supone un reto administrativo, estas medidas promueven la transparencia y la puntualidad en los pagos, beneficiando a los pequeños negocios y fortaleciendo la economía. La colaboración entre el sector privado y Hacienda será crucial para el éxito de esta nueva normativa.
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