La reforma tributaria comprometida entre España y Bruselas estaba pensada comenzar en el primer trimestre de 2023. En ella se incluía el análisis de los beneficios fiscales del país para modificar aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución. Debido a la crisis energética se aplazó hasta el mes de marzo la reforma incluida en el Plan de Recuperación.
No obstante, Hacienda seguirá revisando estas ventajas fiscales en el futuro con el objetivo de ir reduciendo o eliminando las menos justificadas en un futuro.
En el Programa 931O sobre política tributaria de los PGE, Hacienda recuerda que el Plan de Recuperación persigue analizar los beneficios fiscales del sistema tributario. Para Hacienda, la reducción y eliminación de estas ventajas implicará un incremento de la recaudación y efectos favorables sobre la seguridad jurídica. Aunque, estas revisiones no implican que se vaya a adoptar ninguna medida específica ya en 2023.
Entre los motivos que explican su introducción, figuran el logro de la equidad y el interés en reconducir las actuaciones a comportamientos que se consideran deseables a los intereses del decisor social. Sin embargo, tras la presencia de cualquier beneficio debe haber una justificación para su existencia en uno u otro sentido.
«Tras la presencia de cualquier beneficio debe haber una justificación para su existencia en uno u otro sentido.»
En esta tarea de evaluación, además de las cuestiones redistributivas, deben considerarse los efectos que estas ventajas tienen sobre la eficiencia del sistema fiscal. Por ello, se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados.
En el Plan de Recuperación que recoge la reforma fiscal, el Gobierno ya dejaba constancia del análisis de 13 deducciones en el IRPF, el IVA, Sociedades y los impuestos especiales. El Ejecutivo ya modificó los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF y el tipo reducido de IVA para bebidas refrescantes con azúcares o edulcorantes añadidos.
Entre otros, quedarían por reformular en el IRPF la tributación conjunta y la reducción por arrendamiento de vivienda. También habría que rediseñar o eliminar los tipos reducidos y superreducidos en el IVA, que costarán 11.000 y 4.000 millones de euros, respectivamente, en las cuentas de 2023. Estas recomendaciones, de hecho, ya fueron recogidas por el grupo de expertos para la reforma fiscal que entregó en marzo su libro blanco.
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