Este cambio, aunque mejora la seguridad jurídica, supone también una transformación profunda en la forma de preparar estos procedimientos, con implicaciones en costes, tiempos y estrategia procesal.
Desde el pasado mes de abril, ha entrado en vigor un cambio relevante en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) que afecta directamente a cualquier autónomo o pequeño empresario que se enfrente a juicios laborales. La nueva redacción del artículo 82.5 obliga a presentar con una antelación mínima de 10 días hábiles todas las pruebas documentales y periciales que se pretendan utilizar en juicio.
Fin del “efecto tachán” en los juicios laborales
Hasta ahora, era habitual que las partes –tanto empresas como trabajadores– presentaran pruebas incluso el mismo día del juicio. Esta práctica, conocida informalmente como “efecto tachán”, generaba un alto grado de incertidumbre procesal y dejaba a muchos sin posibilidad de responder adecuadamente.
Con la reforma, esto se termina. Desde el 3 de abril de 2025, ocultar una prueba hasta el juicio ya no está permitido, y quien no la presente a tiempo podría ver cómo el juez la declara inadmisible. Esto puede tener consecuencias fatales para quien no haya planificado bien su defensa: perder una prueba clave puede significar perder el caso.
Más previsibilidad, pero también más carga para los pequeños negocios
La anticipación de la prueba genera mayor previsibilidad para ambas partes, lo que permite preparar mejor los argumentos y evitar sorpresas. Sin embargo, también encarece y complica el proceso, especialmente para autónomos y micropymes que no cuentan con estructuras legales complejas ni asesoramiento permanente.
Ahora, es fundamental iniciar la estrategia legal con dos o tres meses de antelación: recopilar documentos, coordinar con peritos, organizar testigos y planificar junto al abogado cada detalle de la defensa. Improvisar queda fuera de la ecuación.
Nuevas exigencias técnicas y sanciones por incumplimiento
La norma también impone nuevas obligaciones formales: la presentación de pruebas debe hacerse por vía electrónica, salvo justificación excepcional. Además, si una de las partes incumple el plazo y no acredita una causa válida, la otra parte puede impugnar su admisión, y el juez incluso podría imponer sanciones por mala fe procesal, incluyendo la exclusión de la prueba o multas económicas.
Este nuevo marco refuerza la necesidad de actuar con rigor y previsión desde el primer momento. El juicio deja de ser un espacio para reacciones rápidas y se convierte en un acto donde solo cuenta lo previamente planificado.
¿Un incentivo al acuerdo extrajudicial?
Paradójicamente, esta exigencia también puede favorecer los acuerdos previos al juicio. Al saber con antelación qué pruebas existen y cuál es la estrategia de la otra parte, muchas veces se abrirá la puerta a negociar antes de asumir los costes –económicos y emocionales– de un proceso judicial largo y complejo.
En resumen, el nuevo artículo 82.5 obliga a los autónomos y pequeños negocios a profesionalizar aún más su defensa legal. Más trabajo, más coste… pero también más justicia.
Desde FAR Asesores, ponemos a su disposición un equipo profesional que pretende dar respuesta a sus cuestiones legales, fiscales y económicas. Por último, esta noticia está elaborada a través de un articulo del medio Autonomos y Emprendedores. Puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.
