La transformación digital sigue siendo un reto pendiente para muchos pequeños negocios y autónomos en España.
Según un reciente estudio realizado por Aitana-Opentix, cerca del 90% de estos negocios aún no han comenzado a adaptarse a las principales medidas impuestas por dos normativas clave: la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. Ambas leyes traerán consigo importantes cambios que afectarán la forma en que se gestionan las facturas y los sistemas contables, y que pronto serán de obligado cumplimiento.
El impacto de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude
La Ley Crea y Crece tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de empresas en España, facilitando su creación y crecimiento, y estableciendo medidas para combatir la morosidad. Uno de los cambios más significativos es la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas, un aspecto fundamental para mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos de facturación. Sin embargo, el estudio revela que solo un 29% de los pequeños negocios conocen en detalle esta ley, y apenas un 16% han comenzado a adaptarse a ella.
Por otro lado, la Ley Antifraude, que busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal, introduce la obligación de utilizar software certificado para la emisión de facturas, prohibiendo aquellos que permitan llevar una doble contabilidad. A pesar de que un 35% de los encuestados afirman conocer esta normativa en profundidad, la mayoría aún no ha implementado los cambios necesarios para cumplir con sus exigencias.
Un conocimiento limitado y una adaptación lenta
El estudio de Aitana-Opentix, realizado entre los meses de junio y julio de 2024, ha puesto de manifiesto que el grado de conocimiento y adaptación a estas leyes es preocupantemente bajo. De los 300 profesionales de pequeñas y medianas empresas encuestados, solo un 16% de los negocios han comenzado a adoptar las medidas impuestas por ambas normativas. Esta cifra sube al 55% entre aquellos que están al tanto de la Ley Crea y Crece, y al 56% en el caso de la Ley Antifraude, demostrando que la falta de información es uno de los principales obstáculos para la adaptación.
Aún más preocupante es el hecho de que un 86% de los pequeños negocios no ha empezado a adaptarse a la factura electrónica, a pesar de que será pronto obligatoria. Los ministerios encargados, el de Hacienda y el de Economía, están finalizando los reglamentos que regularán estos cambios y se espera que las normativas entren en vigor antes de fin de año. A partir de entonces, los negocios tendrán entre uno y dos años para adaptarse a la nueva realidad, con plazos más cortos para la adquisición de software certificado.
Los retos para los autónomos y pequeñas empresas
Para muchos autónomos y pequeños negocios, la transición a la factura electrónica y el uso de software certificado representa un reto considerable, tanto en términos de coste como de tiempo. La falta de conocimiento sobre las normativas y la escasez de recursos para implementar estos cambios dificultan su adaptación. No obstante, la digitalización de estos procesos es fundamental para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de los negocios en un entorno cada vez más digitalizado y regulado.
Es esencial que los organismos públicos y las asociaciones empresariales ofrezcan apoyo y orientación a los pequeños empresarios para facilitar la transición. Campañas de información y formación, junto con incentivos para la adopción de tecnologías digitales, podrían ser clave para que estos negocios logren cumplir con las normativas dentro de los plazos establecidos.
Conclusión
La falta de adaptación a las normativas de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude es un reflejo de los desafíos que enfrentan los pequeños negocios en su camino hacia la digitalización. Si bien es cierto que la entrada en vigor de estas leyes no es inmediata, la preparación debe comenzar cuanto antes para evitar problemas futuros. La modernización de los procesos de facturación es una tarea urgente que no solo mejorará la eficiencia de los negocios, sino que también ayudará a prevenir el fraude fiscal y garantizar una mayor transparencia en el ámbito empresarial.
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