En España, el cumplimiento de las obligaciones fiscales no es opcional, y la Agencia Tributaria se toma muy en serio cualquier intento de evasión.
Una de las prácticas más vigiladas es la de cobrar dinero en negro, es decir, ingresos que no se declaran oficialmente y por los cuales no se tributa. Esta conducta, aunque común en algunos sectores, puede salir muy cara: Hacienda puede imponer sanciones de hasta el 150% del IRPF dejado de pagar y multas que llegan incluso a los 600.000 euros en los casos más graves.
La Agencia Tributaria no está sola en su tarea de vigilancia. Para detectar irregularidades, cuenta con la colaboración de los bancos, que están legalmente obligados a informar sobre los movimientos financieros de sus clientes cuando superan ciertos umbrales.
Esto permite identificar ingresos no justificados o movimientos de efectivo sospechosos que puedan revelar la existencia de dinero no declarado.
Cuando una persona no tributa por los ingresos que obtiene, ya sea por un trabajo, una actividad económica puntual o cualquier otra fuente de renta, incurre en una infracción tributaria. La Ley General Tributaria (LGT), en sus artículos 191 y 195, establece distintos niveles de sanción en función de la gravedad de la infracción.
Si el contribuyente omite declarar sus ingresos pero no hay indicios claros de fraude u ocultación, la sanción económica será del 50% del IRPF que se haya dejado de pagar. Sin embargo, si Hacienda detecta que ha habido intención de ocultar esos ingresos —por ejemplo, mediante el uso de facturas falsas, pagos en efectivo sin declarar, o sueldos complementarios por horas extra o vacaciones no registradas— la infracción se considera grave. En ese caso, la multa puede situarse entre el 50% y el 100% del importe defraudado.
El panorama se agrava aún más cuando se demuestra una actuación reiterada y sofisticada para evitar la tributación, como la utilización de sociedades pantalla u otros mecanismos para camuflar los ingresos.
En estos casos, considerados especialmente graves, la sanción puede ascender hasta el 150% del IRPF no abonado, además de otras posibles consecuencias legales.
Además de estas sanciones, Hacienda puede imponer multas de hasta 600.000 euros por no aportar la información requerida durante una investigación o inspección fiscal. Esto refleja el alto nivel de exigencia del sistema tributario español en la lucha contra el fraude.
En resumen, declarar todos los ingresos, por pequeños que sean, no solo es una obligación legal, sino también una forma de evitarse grandes dolores de cabeza. La idea de que «por un poco de dinero en negro no pasa nada» puede resultar muy cara si Hacienda detecta la irregularidad. La vigilancia es constante, los medios de control son cada vez más sofisticados, y las sanciones, sin duda, ejemplares.
Desde FAR Asesores, ponemos a su disposición un equipo profesional que pretende dar respuesta a sus cuestiones legales, fiscales y económicas. Por último, esta noticia está elaborada a través de un articulo del medio La Información. Puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.
