El Ministerio de Hacienda de España ha abierto a consulta pública una propuesta para modificar el plazo de adaptación de los programas de facturación a la Ley Antifraude. Esta modificación, que afecta al Real Decreto 1007/2023, aprobado en diciembre de 2023, tiene como objetivo brindar a empresas y autónomos más tiempo para cumplir con los nuevos requisitos sin enfrentar sanciones.
La normativa que regula los programas de facturación en España se publicó a finales de octubre de 2024 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de tres años de espera. Esta ley establece una serie de requisitos que los programas de facturación deben cumplir para ser considerados legales y evitar multas de hasta 50.000 euros. Concretamente, la normativa exige que estos softwares garanticen la integridad y la inalterabilidad de los datos de facturación, de modo que los registros sean inmutables y trazables.
En la normativa original, el plazo para la adaptación de los programas se fijaba en julio de 2025. Sin embargo, el retraso en la publicación de la orden ministerial ha llevado a Hacienda a proponer una ampliación en el calendario de adaptación para autónomos y empresas, asegurando que ambos colectivos puedan implementar los cambios sin riesgo de sanciones.
Nuevos plazos de cumplimiento
Según la modificación propuesta, las empresas tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para adaptar sus programas de facturación a la normativa. Por su parte, los autónomos tendrán un plazo adicional de seis meses, con fecha límite el 1 de julio de 2026. Esto significa que, mientras las sociedades jurídicas (empresas) deberán cumplir con los requisitos a comienzos de 2026, los trabajadores por cuenta propia tendrán un plazo algo más flexible. Sin embargo, los proveedores de software y desarrolladores deberán tener sus programas actualizados para julio de 2025, lo que implica que tendrán nueve meses desde la publicación de la orden para realizar los cambios necesarios.
Requisitos que deben cumplir los programas de facturación
Los nuevos programas de facturación deben cumplir con condiciones específicas para garantizar la transparencia y trazabilidad de la información tributaria. Entre estos requisitos se incluyen:
- Registro Inalterable de Facturas: Los programas deben generar un registro de cada factura al momento de su creación, asegurando que los datos no puedan modificarse posteriormente.
- Trazabilidad: La información debe estar encadenada en secuencia, permitiendo que las autoridades puedan rastrear el historial completo de facturación.
- Registro de Eventos: Los programas deben registrar todas las interacciones con el sistema, incluyendo acciones como el inicio y cierre del sistema de facturación.
- Seguridad de los Datos: La normativa exige un sistema de “hash” encadenado y, en algunos casos, firma electrónica. Esto asegura que las facturas generen una “huella” única y vinculada con las anteriores, impidiendo alteraciones sin que estas se detecten.
El Sistema Veri*factu
La orden ministerial también introduce el sistema Verifactu, que clasifica los programas de facturación en función de si pueden enviar los datos de forma automática a la Agencia Tributaria. Según este sistema, los negocios pueden optar por habilitar o deshabilitar esta función de remisión automática. Los programas que la tengan activada serán denominados “Verifactu”, mientras que los demás serán considerados “No Veri*factu”.
Conclusión
La modificación en los plazos para la implementación de los nuevos requisitos de facturación refleja un esfuerzo del Ministerio de Hacienda por facilitar la transición hacia un entorno de facturación digital más seguro y transparente. Este cambio beneficiará especialmente a los autónomos y pequeñas empresas, que ahora tendrán un año más para adaptar sus sistemas sin riesgo de sanciones. La consulta pública en curso permitirá a las partes interesadas expresar sus opiniones sobre esta propuesta, lo cual resulta fundamental para una implementación eficiente y justa de la normativa.
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