En un esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, la Agencia Tributaria en España ha endurecido las regulaciones sobre los pagos en metálico.
La normativa vigente, basada en la Ley 7/2012, establece que no se pueden realizar pagos en efectivo iguales o superiores a 1.000 euros cuando una de las partes actúa en calidad de empresario o profesional. Esta restricción, vigente desde 2021, busca reducir las transacciones opacas que dificultan la trazabilidad del dinero.
En el caso de personas físicas sin domicilio fiscal en España, el límite asciende a 10.000 euros, permitiendo una mayor flexibilidad para turistas y residentes extranjeros. Sin embargo, estas regulaciones no se aplican a pagos efectuados a través de entidades de crédito o a operaciones supervisadas por el Banco de España, como los cambios de moneda.
A partir de 2027, la Unión Europea implementará una normativa común. Esta normativa establecerá un tope de 10.000 euros en los pagos en efectivo dentro de los Estados miembros.
Esta medida ha sido aprobada recientemente. También incluirá restricciones a otros instrumentos de pago como los cheques bancarios al portador y medios electrónicos diseñados para realizar transacciones directas.
Otra de las obligaciones impuestas por la normativa es la conservación de justificantes de pago durante un período de cinco años. Las partes involucradas deberán presentar la documentación correspondiente para demostrar que las operaciones cumplieron con la legalidad vigente.
En cuanto a las sanciones, la Agencia Tributaria establece que cualquier pago en efectivo que supere los límites permitidos será objeto de una multa proporcional al 25 % del importe de la transacción. No obstante, si el infractor colabora y cumple con ciertos requisitos, la sanción puede reducirse en un 50 %.
Con estas medidas, tanto España como la Unión Europea buscan reforzar la transparencia financiera y dificultar las actividades ilícitas asociadas al uso del efectivo. El control sobre los pagos en metálico se ha convertido en una herramienta clave para prevenir delitos económicos. También para garantizar una mayor seguridad en las transacciones comerciales.
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