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Intereses de demora en contratos públicos: El Supremo fija criterios claros para los autónomos

Trabajar para las administraciones públicas en España puede ser un arma de doble filo. A pesar de la estabilidad que supone contar con contratos públicos, muchos autónomos y pequeños negocios se enfrentan a retrasos en los pagos que pueden comprometer seriamente su liquidez. Aunque la ley establece un plazo máximo de 30 días para que la Administración abone sus facturas, en la práctica, este límite se incumple con frecuencia, dejando a los proveedores en una situación de incertidumbre.
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