Un reciente estudio de Sage revela que más de dos de cada diez pymes (22%) consideran que no están preparadas para estos cambios.
Apenas faltan unos meses para que entren en vigor las primeras obligaciones relacionadas con la factura electrónica en España. En los próximos años, miles de negocios y autónomos tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos contemplados en la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece.
El informe señala que el 65% de las pymes encuestadas desconocen cómo les afectará la factura electrónica obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Además, un 37% de las empresas que aseguran estar al tanto de la normativa todavía no han tomado medidas para adaptarse. Estos datos ponen de manifiesto el alto grado de desconocimiento y la falta de preparación en torno a una medida que promete mejorar la eficiencia empresarial, reducir la carga administrativa y garantizar una mayor transparencia en las operaciones comerciales.
Baja adopción de la factura electrónica
Uno de los datos más preocupantes del estudio es que solo un 4% de las pymes ya están utilizando la factura electrónica. Por otro lado, menos de un tercio (31%) afirma contar con un software de facturación antifraude. Este aspecto es crucial, ya que a partir de julio de este año, todos los programas de facturación deberán cumplir con nuevos requisitos, como garantizar la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de los registros.
La Ley Crea y Crece y su impacto en los negocios
La Ley Crea y Crece será clave en la implantación definitiva de la factura electrónica. Esta normativa obliga a todas las empresas y autónomos a emitir facturas electrónicas, aunque su aplicación plena depende de un reglamento que aún está pendiente de aprobación. Una vez se publique dicho reglamento, las empresas con facturación superior a ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que los autónomos y pymes con facturación inferior contarán con un plazo de dos años.
Beneficios y retos para las pymes
Si bien la transición a la factura electrónica puede parecer desafiante, también ofrece numerosas ventajas. Entre ellas, destaca la reducción del uso de papel, una mejor organización contable, la disminución de errores humanos y una mayor seguridad en las transacciones. Además, la digitalización de los procesos administrativos podría significar un ahorro de tiempo y costos para las pymes.
No obstante, la falta de información y la resistencia al cambio siguen siendo obstáculos importantes. Las empresas que no comiencen a prepararse pronto podrían enfrentar dificultades para cumplir con los plazos establecidos, lo que podría traducirse en sanciones y complicaciones operativas.
Conclusión: Un llamado a la acción
El estudio de Sage pone en evidencia la urgencia de que las pymes y autónomos se informen y adopten medidas para adaptarse a la factura electrónica. La transición no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para modernizar y mejorar la gestión financiera de los negocios. Cuanto antes las empresas se familiaricen con las nuevas normativas y adopten herramientas digitales adecuadas, más sencilla será la transición y mayores serán los beneficios a largo plazo.
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