Trabajar para las administraciones públicas en España puede ser un arma de doble filo. A pesar de la estabilidad que supone contar con contratos públicos, muchos autónomos y pequeños negocios se enfrentan a retrasos en los pagos que pueden comprometer seriamente su liquidez. Aunque la ley establece un plazo máximo de 30 días para que la Administración abone sus facturas, en la práctica, este límite se incumple con frecuencia, dejando a los proveedores en una situación de incertidumbre.
Ante esta problemática, el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina jurisprudencial clave que clarifica cuándo comienzan a devengarse los intereses de demora en los pagos de la Administración. Esta sentencia, con un impacto significativo en miles de negocios que dependen de contratos públicos, establece criterios más claros sobre los plazos que rigen estas transacciones.
Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre intereses de demora
La sentencia número 1.880/2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, emitida el 26 de noviembre de 2024, resuelve una cuestión fundamental: ¿cuándo empiezan a contar los intereses de demora en los pagos de la Administración?
El Alto Tribunal ha determinado que este momento no puede fijarse arbitrariamente, sino que debe ajustarse a los plazos que la normativa contractual otorga a la Administración para verificar la conformidad de la obra o servicio y efectuar el pago. De este modo, se establecen dos periodos consecutivos de 30 días cada uno:
- Primer periodo de 30 días: Se destina a la comprobación y aprobación de las certificaciones de obra o facturas.
- Segundo periodo de 30 días: Se otorga a la Administración para realizar el pago efectivo.
Así, los contratistas pueden conocer con mayor precisión cuándo se inicia el devengo de intereses de demora en caso de retraso.
Mayor seguridad jurídica para autónomos y pequeños negocios
Esta nueva interpretación del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones para la relación entre la Administración y sus proveedores. La clarificación de los plazos no solo corrige interpretaciones previas inconsistentes, sino que también proporciona mayor seguridad jurídica tanto para los autónomos y pymes como para la propia Administración.
Con este criterio, es probable que los contratos futuros incluyan cláusulas más detalladas sobre los plazos de aprobación y pago, basadas en la doctrina establecida por el Supremo. Asimismo, podría impulsar una revisión de los procesos internos de gestión de pagos dentro de la Administración con el fin de evitar el devengo de intereses.
¿Cómo pueden los proveedores reclamar los intereses de demora?
Para que los autónomos y pequeños negocios puedan reclamar estos intereses en caso de retraso, deben cumplir con ciertos requisitos clave:
- Cumplimiento del contrato: El proveedor debe haber ejecutado el servicio o entregado la obra conforme a lo pactado.
- Presentación de la factura: La factura debe entregarse formalmente a la Administración contratante, ya que este es el punto de partida del plazo de 30 días para su comprobación y aprobación.
- Conservación del justificante: Es crucial guardar el comprobante de presentación de la factura, ya que servirá como prueba en caso de que sea necesario interponer una reclamación.
Posibles efectos en la gestión de pagos de la Administración
Esta sentencia podría suponer un incentivo para que las administraciones públicas revisen sus procesos internos y agilicen la tramitación de pagos. Para evitar el devengo de intereses de demora, las administraciones podrían optimizar sus herramientas digitales y mejorar el control interno sobre los plazos de verificación y abono de facturas.
En definitiva, la nueva doctrina del Tribunal Supremo no solo beneficia a los proveedores del sector público, sino que también impulsa una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los pagos administrativos. Esto representa un avance importante en la defensa de los derechos de los autónomos y pequeños negocios que trabajan con la Administración, garantizando que reciban su compensación en los plazos establecidos por la ley.
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