La creciente presión normativa y el avance de la digitalización en los procedimientos fiscales han impulsado a los expertos en asesoría fiscal a reclamar una actualización y refuerzo de los derechos del contribuyente frente a Hacienda.
Una iniciativa reciente propone reconocer hasta 82 nuevos derechos del contribuyente para autónomos y pymes, con el objetivo de equilibrar la relación entre la Administración tributaria y los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo.
Un sistema que ha priorizado la recaudación sobre los derechos
Según los expertos que han impulsado esta iniciativa, el sistema tributario español ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo más orientado a la recaudación que a la protección de garantías. La proliferación de cambios normativos sin suficiente revisión legislativa ha generado inseguridad jurídica, especialmente para autónomos y pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para defenderse frente a actuaciones administrativas complejas o sanciones.
Entre los principios que se propone reforzar destacan la presunción de buena fe del contribuyente, el derecho a corregir errores sin sanción cuando exista buena fe, el derecho a no autoincriminarse y el derecho a elegir la opción fiscal menos gravosa dentro de la legalidad.
El impacto de la digitalización y la inteligencia artificial
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el efecto de la tecnología en la relación entre contribuyente y Administración. El uso creciente de algoritmos e inteligencia artificial en los procedimientos fiscales plantea riesgos que los expertos consideran urgente abordar: desde la opacidad en las decisiones automatizadas hasta posibles vulneraciones del derecho a la intimidad o a la tutela judicial efectiva.
Para hacer frente a esta realidad, la iniciativa propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si se han utilizado algoritmos en su caso, a entender cómo funcionan y a conocer el origen de los datos empleados. Además, se reclama que siempre exista intervención humana en las decisiones finales, evitando automatismos que puedan derivar en errores o sanciones injustificadas.
También se plantea el reconocimiento de un derecho a la desconexión digital tributaria en determinados periodos, así como limitaciones a la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración para quienes no dispongan de los medios o conocimientos necesarios. Una medida especialmente relevante para autónomos de sectores menos digitalizados.
Límites a los requerimientos masivos de información
Otro aspecto destacado de la propuesta es el derecho a no aportar información de forma desproporcionada. En un entorno en el que los requerimientos masivos de datos son cada vez más frecuentes, se reclama que la Administración justifique la utilidad de la información solicitada antes de exigirla.
Esta medida cobra especial importancia para autónomos y pymes, que con frecuencia se ven obligados a dedicar tiempo y recursos a responder requerimientos que no guardan proporción con su actividad o su nivel de riesgo fiscal.
La necesidad de más control judicial y mejor resolución de conflictos
La iniciativa también pone el foco en la necesidad de reforzar el control judicial sobre las actuaciones de Hacienda y mejorar los plazos de resolución de conflictos, un problema recurrente que afecta a miles de contribuyentes. Los expertos advierten de la falta de tribunales especializados en materia tributaria y de la saturación de los órganos existentes, lo que en la práctica prolonga la incertidumbre para muchos pequeños negocios.
Un debate necesario sobre el equilibrio entre recaudación y garantías
Más allá de las medidas concretas, esta iniciativa pretende abrir un debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el fraude y el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Los expertos advierten de que un sistema percibido como desequilibrado puede erosionar la confianza ciudadana y, a medio plazo, afectar incluso al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Entre las propuestas adicionales figura también la mejora de la educación cívico-financiera, para que los ciudadanos comprendan mejor tanto sus obligaciones como sus derechos frente a la Administración tributaria. Una medida que, según los expertos, contribuiría a reducir conflictos y a construir una relación más transparente y equilibrada.
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