Esta decisión pone fin a la disparidad de criterios que existía entre distintas consultas de la Dirección General de Tributos (DGT), y fija un marco claro sobre el momento en que deben consignarse las deducciones en el modelo 200.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha publicado una resolución clave para los autónomos societarios y empresas. En ella, aclaran cómo deben aplicarse las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS).
Según la resolución, las deducciones deben marcarse en el modelo del ejercicio en el que se generan. Aunque su aplicación efectiva se produzca en ejercicios posteriores. En otras palabras, los gastos que dan derecho a una deducción —como los de I+D+i— deben reflejarse en la autoliquidación del año en que se producen. Incluso si no se utilizan de inmediato para reducir la cuota del impuesto.
Este cambio de criterio no es nuevo en sí mismo, ya que la DGT ya lo había establecido en una consulta vinculante del 24 de junio de 2022.
Sin embargo, el TEAC lo consolida y establece que su aplicación se inicia a partir de esa fecha, afectando a todas las declaraciones presentadas desde entonces.
Esto implica que las empresas que, tras junio de 2022, no consignaron las deducciones en el modelo 200 del ejercicio correspondiente deberán rectificar sus declaraciones. Ya que, no podrán acogerse al principio de confianza legítima. Antes de esa fecha, en cambio, dicho principio sí protege a los contribuyentes, dado que actuaron siguiendo el criterio previo de la Administración.
La resolución también aclara un aspecto relevante para los proyectos plurianuales. Si un proyecto de inversión o I+D se desarrolla durante varios ejercicios. Cada año puede generar su propia deducción, en función de los gastos realizados en ese periodo. Además, la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite arrastrar las deducciones no aplicadas durante los quince ejercicios siguientes (dieciocho, en el caso de I+D+i). No obstante, siempre que la deducción se haya consignado en el año en que surgió el derecho.
Con esta resolución, el TEAC refuerza la seguridad jurídica y unifica la interpretación administrativa. Aunque obliga a muchas empresas a revisar sus autoliquidaciones recientes para evitar problemas con la Agencia Tributaria.
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