Este incremento responde al Plan Anual de Control Tributario de 2023, que puso el foco en las actividades económicas desarrolladas por personas físicas, con especial atención a sectores como la hostelería, el transporte o la agricultura.
En los últimos años, la cita previa obligatoria en las oficinas públicas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de ciudadanos y, de forma muy especial, para los autónomos. Lo que nació como una herramienta para organizar la atención y evitar esperas interminables en ventanilla, hoy se ha transformado en un filtro que limita el acceso a servicios esenciales de la Administración.
Según un informe del Observatorio de Gestión Pública del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), las demoras en la obtención de cita previa alcanzaron en julio hasta 36 días de espera en determinados trámites. El estudio, que analizó 25 procedimientos administrativos, reveló que en más del 80% de los casos hubo periodos sin disponibilidad de cita, bloqueando de facto el acceso de ciudadanos y profesionales a sus derechos.
Los trámites más afectados
Las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de Tráfico y los servicios de Extranjería concentran los mayores problemas. Allí las citas desaparecen en cuestión de minutos y las agendas permanecen cerradas durante semanas. En algunos meses llegaron a bloquearse hasta siete trámites a la vez, con demoras medias de 14 a 15 días que en periodos críticos superaron los 28.
Los procedimientos relacionados con pensiones, jubilaciones o incapacidades resultan especialmente sensibles, ya que afectan directamente al sustento de miles de familias. Para los autónomos, además, la falta de agilidad en altas, bajas o gestiones con la Seguridad Social supone un perjuicio económico y de tiempo difícil de asumir.
Incluso trámites aparentemente sencillos, como la expedición del DNI, llegaron a acumular demoras de más de un mes. Aunque Hacienda presentó mejores cifras, tampoco escapó de los retrasos, con picos de hasta 10 días de espera.
Un problema estacional y territorial
El informe detecta un patrón claro: los meses de verano y finales de año concentran los mayores retrasos, coincidiendo con vacaciones del personal y aumentos de la demanda. En mayo, por ejemplo, se registraron 18 trámites bloqueados simultáneamente. Además, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona son las más castigadas, por la combinación de elevada demanda y falta de refuerzo de recursos humanos.
A pesar de que en el primer semestre de 2025 la espera media bajó a 5,74 días, la cifra sigue siendo muy superior a la de países como Francia o Alemania, donde se sitúa en apenas 2 o 3 días.
Un derecho vulnerado
Los gestores administrativos recuerdan que el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir entre atención presencial o electrónica. Sin embargo, la imposición de la cita previa obligatoria convierte este derecho en papel mojado. Lo que debía ser una herramienta de eficiencia se ha transformado en una barrera excluyente, sin base legal suficiente.
Un manifiesto para recuperar la atención presencial
Con el objetivo de revertir esta situación, el ICOGAM ha lanzado el “Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva”, que plantea medidas como:
- Garantizar siempre una ventanilla de atención presencial sin cita.
- Reforzar los recursos humanos y tecnológicos en oficinas públicas.
- Prohibir la cita previa como única vía de acceso a los servicios.
La campaña incide en que este bloqueo afecta especialmente a autónomos, personas mayores, migrantes y colectivos con menor acceso digital. “Es posible tener una Administración moderna y digital sin excluir a los ciudadanos del mostrador”, subrayan los gestores.
El manifiesto ya recoge adhesiones en la web y redes sociales del Colegio, y será remitido al Defensor del Pueblo y al Parlamento para exigir que la Administración garantice lo que nunca debió perderse: el derecho a una atención presencial real y efectiva.
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