Ha pasado ya una semana desde que terminó el plazo para que las pequeñas y medianas empresas comunicaran a la autoridad competente el responsable de su canal interno de denuncias.
Desde el 1 de noviembre, todas las entidades con más de 50 trabajadores están obligadas a haber designado y registrado a la persona encargada de gestionar su canal interno de denuncias, en cumplimiento de la Ley 2/2023, que regula la protección del informante en el entorno laboral.
Pero, ¿Qué ha ocurrido realmente en estos primeros días tras la entrada en vigor efectiva de esta obligación? A continuación, analizamos el impacto y las principales dudas que persisten en el tejido empresarial.
Incertidumbre inicial y ritmo dispar de cumplimiento
Pese a que el plazo era conocido desde hace meses, muchas pymes han llegado con el tiempo justo o han dejado la obligación sin atender. La puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) el pasado 1 de septiembre hizo que esta exigencia, hasta entonces teórica, pasara a ser plenamente efectiva. Sin embargo, la incertidumbre sobre el proceso de inspección o las posibles sanciones ha llevado a que algunas empresas aguarden más información antes de cumplir, lo cual puede suponer un riesgo elevado.
La normativa permite que las empresas comuniquen al responsable de forma telemática a través de la web oficial de la A.A.I., usando certificado digital o Cl@ve. Sin embargo, también se ha percibido cierta saturación en la plataforma durante los últimos días de octubre, lo que podría haber limitado el cumplimiento en tiempo de algunas entidades.
Un panorama complejo para empresas pequeñas
Aunque la obligación afecta especialmente a organizaciones con más de 50 empleados, muchas empresas más pequeñas que ya contaban con un canal de denuncias interno también han debido cumplir. Este matiz de la ley ha tomado por sorpresa a negocios familiares o micropymes, que con frecuencia han confiado la gestión del canal a consultoras externas sin saber que esto no exime de la obligación de comunicar un responsable interno.
La figura del responsable debe garantizar confidencialidad, independencia y una correcta tramitación de las denuncias. En estructuras pequeñas, el administrador puede asumir este rol, pero no sin antes formarse adecuadamente sobre los requisitos legales y los riesgos asociados.
¿Habrá sanciones inmediatas?
Aunque la Ley 2/2023 contempla sanciones de hasta un millón de euros para los incumplimientos más graves, todavía no se ha definido claramente cómo y cuándo empezará la A.A.I. a instruir expedientes sancionadores. Durante estas primeras semanas, todo apunta a un período de adaptación y vigilancia más que de sanción inmediata, dado que la autoridad aún está completando su estructura organizativa.
Aun así, confiarse sería un error. No garantizar la protección del informante, retrasar la comunicación o no implantar el canal correctamente puede acabar generando multas elevadas y dañar la reputación corporativa, especialmente para empresas que trabajan con la administración pública.
Una oportunidad para reforzar la cultura ética
Más allá del riesgo sancionador, este momento supone una oportunidad para que las pymes refuercen su compromiso con la transparencia y la ética empresarial. Contar con un canal interno de denuncias bien gestionado no solo es una obligación legal, sino también un valor diferencial para atraer talento, generar confianza y prevenir riesgos reputacionales.
A una semana del plazo, la recomendación es clara: si la empresa aún no ha comunicado el responsable de su sistema interno de información, debe hacerlo cuanto antes. Cumplir a tiempo es la mejor garantía para evitar problemas futuros y demostrar compromiso con las mejores prácticas.
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