Aunque Verifactu no será obligatorio hasta 2027, la adaptación cuanto antes es clave para evitar riesgos, sanciones y problemas con Hacienda. Prepararse ahora es una inversión en tranquilidad y cumplimiento normativo.
La entrada en vigor del Reglamento Verifactu, también conocido como Reglamento de Programas de Facturación (RRSIF), impulsado por el Ministerio de Hacienda, se ha retrasado para autónomos y pymes. Finalmente, la obligación de adaptar los sistemas de facturación no será efectiva hasta 2027, lo que concede un margen adicional de un año para que los negocios se preparen.
No obstante, este aplazamiento no implica que la Agencia Tributaria haya relajado su control. Al contrario, el Reglamento Verifactu refuerza y desarrolla lo ya establecido en la Ley Antifraude, en vigor desde 2021, que prohíbe expresamente el uso de software de facturación de doble uso o programas de doble contabilidad.
Hacienda intensifica el control sobre el software de doble uso
Según el Informe de Principales Resultados de la Agencia Tributaria de 2024, las actuaciones destinadas a investigar el uso de programas de contabilidad ilícitos se incrementaron un 20% en el último año. Estas investigaciones, en las que participa activamente la Unidad de Auditoría Informática (UAI), han permitido regularizar y sancionar 140 millones de euros, procedentes tanto de ventas ocultas como de las multas asociadas.
Un programa de facturación de doble uso permite llevar dos o incluso tres contabilidades distintas, mostrando una versión “oficial” con menores ingresos y otras ocultas que reflejan la actividad real. Aunque este tipo de software ya no puede comercializarse legalmente, Hacienda advierte de que su uso indebido sigue existiendo.
Cómo funcionan las investigaciones de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria emplea múltiples indicios para detectar contabilidades en B, entre ellos el análisis de los pagos en metálico y con tarjeta, que permiten reconstruir la trazabilidad de las operaciones. Un uso anormalmente bajo del efectivo o incoherencias entre compras y ventas puede activar una inspección.
Además, estos programas no solo sirven para ocultar ventas, sino también para conciliar compras y ventas ficticias, reduciendo las posibilidades de detección. En algunos casos, este fraude puede afectar a cadenas completas de producción o sectores enteros, aunque las sociedades implicadas sean formalmente independientes.
Sanciones por usar programas de facturación ilegales
Las sanciones previstas son elevadas. Los fabricantes y comercializadores de software de doble uso pueden enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros. En el caso de los usuarios, con la entrada en vigor del Reglamento Verifactu en 2027, la sanción alcanzará los 50.000 euros por cada año en que se haya tenido este tipo de programas.
Actualmente, estas conductas ya se sancionan conforme al artículo 191 de la Ley General Tributaria, incluyendo el importe dejado de ingresar más la sanción correspondiente.
Requisitos clave de la Ley Antifraude y Verifactu
La normativa antifraude exige que los programas de facturación estén certificados y garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Además, no deben permitir llevar contabilidades paralelas, omitir transacciones ni modificar operaciones ya registradas.
