Ha pasado ya una semana desde que terminó el plazo para que las pequeñas y medianas empresas comunicaran a la autoridad competente el responsable de su canal interno de denuncias.
Miles de autónomos con trabajadores a su cargo deben ingresar antes del 30 de noviembre las diferencias de cotización derivadas de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2025, según ha informado la Seguridad Social. Esta regularización corresponde a las cuotas de enero y febrero, afectadas por la actualización retroactiva del salario mínimo aprobada mediante la Orden PJC/178/2025.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha ejecutado un procedimiento de regularización de cuotas para ajustar las bases de cotización de los empleados. El nuevo SMI, fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior. Este aumento impacta directamente en las bases mínimas de cotización, generando diferencias que ahora deben ser ingresadas por los empleadores.
Los recibos con las diferencias pueden descargarse a través del Sistema RED, mediante los modelos TC1/31. Los gestores laborales deben revisar cada Código de Cuenta de Cotización y garantizar que las empresas realicen el abono dentro del plazo establecido. Es importante recordar que la Seguridad Social no permite el cargo en cuenta, por lo que el pago debe hacerse en ventanilla.
Aunque las cantidades a regularizar no son elevadas —en algunos casos rondan los 70 euros por trabajador—, la medida afecta especialmente a sectores con salarios próximos al SMI, como los servicios y la construcción.
No cumplir con esta obligación puede generar consecuencias importantes. Si una empresa o autónomo no está al corriente de sus cotizaciones, sus empleados podrían quedar bloqueados en la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), impidiéndoles acceder a ciertos centros de trabajo.
En conclusión, la regularización del SMI 2025 es una obligación ineludible para los autónomos con empleados. Cumplir con el pago antes del 30 de noviembre evitará sanciones, bloqueos administrativos y posibles retrasos en la actividad laboral.
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